Los ciudadanos gallegos son más activos que el resto de los españoles cuando se les presenta un problema legal, a esta conclusión llega un estudio elaborado por el Colegio Oficial de Politólogos y Sociólogos de Cataluña por encargo de la compañía de asistencia jurídica Arag.
Entre el 70 y el 80 por ciento de los gallegos toma la iniciativa ante un problema legal, ya sea en materia de consumo, vivienda o laboral, mientras que la media española oscila del 60 al 80, en función del caso del que se trate, indicó la directora de comunicación de Arag, Virginia Tusell, en la presentación del informe.
La crisis económica es una de las razones que explica el cambio de actitud de la ciudadanía, y es que, aseguró Tusell, “hace dos años casi nadie reclamaba por una factura de 50 o 60 euros y ahora se hace habitualmente”.
En donde más se ha experimentado un aumento en las consultas jurídicas es en el ámbito laboral. Los gallegos suelen reclamar con mayor asiduidad en cuestiones relacionadas con el consumo, y es que la mitad de las personas encuestadas en la elaboración del informe declaró haber tenido un problema en este ámbito.
Aún así, Galicia está por debajo de la media española en este tipo de reclamaciones, así como en las relacionadas con la vivienda, pero, por el contrario, es más prolífica en cuestiones fiscales, laborales y sanitarias.
Sistema sanitario > Un 19 por ciento de los encuestados afirmó haber tenido problemas con el sistema sanitario público o privado, cinco puntos por encima del resto de españoles.
Otro de los puntos analizados en el estudio es la repercusión de los problemas jurídicos en la vida cotidiana. Los resultados obtenidos llevaron a la empresa a deducir que a los gallegos les afecta en menor medida que al resto de los españoles, y, sin embargo, provoca mayor número de bajas laborales, al igual que en Canarias, País Vasco y Aragón.
El perfil medio de la persona que reclama ante un problema jurídico en un varón de entre 25 y 49 años, laboralmente activo, con un alto nivel de formación y de ingresos.
A pesar de que la población todavía conserva el preconcepto de que recurrir a un abogado ralentizará la solución de su problema, la representante de la empresa de servicios jurídicos aseguró que esta impresión “es engañosa” y recordó que la mayoría de los conflictos se resuelve “por la vía rápida”, sin la necesidad de llegar a la sala de juicios.
Para la elaboración del informe se realizaron 4.400 entrevistas telefónicas de quince minutos a personas mayores de dieciocho años.
Fuente: El Ideal Gallego, 2 de Diciembre de 2009
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