España, que coordinará la política económica europea, pretende impulsar medidas contra el fraude fiscal y para mejorar la supervisión financiera.
Coordinar las políticas económicas de la UE para facilitar la salida de la crisis y restaurar el empleo será una de las prioridades de la presidencia española de la Unión Europea que empezó ayer y durará seis meses. Los otros objetivos fundamentales serán la puesta en marcha del Servicio de Acción Exterior, la coordinación antiterrorista y el desarrollo de los derechos sociales. Ninguna será tarea fácil. La coordinación económica, propugnada desde hace tiempo por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha despertado siempre recelos en Alemania, temerosa de que conduzca hacia un Gobierno económico de la UE que pudiera mermar la sacrosanta independencia del Banco Central Europeo (BCE).
Es la cuarta vez que España asume la presidencia de turno de la Unión Europea (UE). Para los seis meses que durará su mandato, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha fijado el objetivo de sacar a Europa de la crisis y sentar las bases de una economía más sostenible. Así lo manifestó en un mensaje institucional divulgado a través de la página web oficial www.eu2010.es. Zapatero afirmó que España "afronta este período con su mejor entusiasmo, con su mayor vocación europeísta, para defender ante todo los intereses generales de Europa". El presidente del Gobierno ha pedido el apoyo de los trabajadores y los empresarios para construir "una economía cada vez más productiva, más innovadora y más sostenible".
España concentrará sus esfuerzos en aplicar el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el pasado 1 de diciembre y que es la fuente de legitimidad de los nuevos instrumentos para, entre otras cosas, la coordinación de las políticas económicas.
El estreno del nuevo tratado supone una presidencia de transición. Hay dos figuras nuevas: el presidente permanente del Consejo Europeo (el demócrata cristiano belga Herman Van Rompuy) y la Alta Representante para la política exterior de la UE (la laborista británica Catherine Ashton). Ello significa que José Luis Rodríguez Zapatero no presidirá el Consejo Europeo, ni el jefe de la diplomacia española, Miguel Angel Moratinos, presidirá el Consejo de Exteriores, como sucedía hasta ahora. España seguirá presidiendo las formaciones de los demás consejos (Asuntos Generales, Economía, Justicia e Interior, Agricultura, Competencia, Empleo, Transportes y Energía, Medio Ambiente y Educación y Cultura). Moratinos ha ofrecido una presidencia "complementaria y de apoyo a las nuevas instituciones" y precisado que "sin renunciar a sus responsabilidades", España ejercerá su mandato con "modestia, discreción, trabajo y apoyo". Van Rompuy declaró en la misma página web oficial que Zapatero: "Arranco el año como un presidente feliz, ya que puedo contar con España, un país muy comprometido a nivel europeo".
España llega a la presidencia de la Unión cuando todavía existen muchas incertidumbres sobre la salida de la crisis económica, la principal preocupación de los europeos. A pesar de los síntomas de recuperación, el paro sigue creciendo en la UE. El número de desempleados alcanza ya los 22,5 millones de personas, 6,5 millones más que en marzo de 2008, cuando empezó el deterioro del mercado de trabajo.
La decisión sobre el momento en que deben retirarse los estímulos fiscales será la primera prueba de fuego de lo que se entiende por coordinación económica. "Deberemos ponernos de acuerdo sobre el momento de retirar los estímulos fiscales", señala Diego López Garrido, secretario de Estado para la Unión Europea. "No lo podemos hacer antes de hora porque ponemos en riesgo la recuperación y tampoco demasiado tarde porque perjudicaría la sostenibilidad de las finanzas públicas". Aquí se producirá el primer pulso entre algunos países como Alemania, que prevé una rápida salida de la crisis y por tanto una más rápida retirada de apoyos fiscales, y otros como España e Irlanda que van más retrasados en la recuperación y precisarán el apoyo público durante más tiempo.
El programa de la presidencia española menciona expresamente el Tratado de Lisboa para justificar la coordinación. Afirma que la política económica "se basará en la estrecha coordinación de las políticas económicas de los miembros".
La coordinación económica se visualizará de manera específica en las políticas fiscales. Durante los próximos seis meses, España impulsará tres directivas referidas a la mejora de los mecanismos de intercambio de información fiscal para mejorar la lucha contra el fraude en toda la Unión. Se trata de la Directiva sobre la Fiscalidad y el Ahorro, la Directiva sobre Cooperación Administrativa y la Directiva sobre Asistencia Mutua en Recaudación. Por otra parte, la lucha contra el fraude en el IVA también constituirá una prioridad.
La coordinación también se deberá materializar en la reforma de la supervisión financiera. En este campo, España prevé impulsar la aprobación de la creación del Consejo Europeo de Riesgo Sistémico, cuyo objetivo es alertar de las posibles crisis cuando se detecten situaciones como las de las recientes burbujas inmobiliarias. También se ha previsto la creación de las tres autoridades de supervisión europeas en banca, seguros y mercados de valores. Los proyectos legislativos aprobados por el Consejo sobre los nuevos supervisores europeos han sido notablemente diluidos por las presiones del Reino Unido.
En el mes de febrero se celebrará una cumbre extraordinaria sobre el empleo. Pensando más en el medio plazo, la presidencia española impulsará un debate sobre la Estrategia 2020 que mantiene los objetivos centrales de la fracasada Estrategia de Lisboa de fomentar el empleo y la competitividad. El debate sobre la Estrategia 2020 está previsto para el Consejo Europeo de Primavera. En este asunto las propuestas del Grupo de Reflexión liderado por Felipe González serán determinantes y constituirán un verdadero revulsivo cuando se conozca el fuerte espíritu crítico con que se han analizado las formas retóricas y burocráticas de la actuación de la UE en este campo.
Para corregir los fallos de la Estrategia de Lisboa, la presidencia española reforzará el seguimiento de las iniciativas. "Queremos una estrategia que de resultados", ha manifestado Moratinos. "Ello supone que haya consecuencias para los Estados que no cumplen los objetivos". Según López Garrido, "se propondrán objetivos semiobligatorios, y condicionarán determinadas ayudas a la consecución de ciertos objetivos".
Fuente: El Pais
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