El Consejo de Ministros abordó ayer una “reforma global de la energía nuclear” que, entre otras medidas, incluye un anteproyecto de Ley de responsabilidad civil de las instalaciones nucleares que eleva de 150 a 1.200 millones las indemnizaciones, al tiempo que dio “luz verde” a la convocatoria del Almacén Temporal Centralizado (ATC) para albergar los residuos nucleares de alta actividad del parque español.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que también se aprobó “en primera lectura” la reforma de varios aspectos de la Ley de Energía Nuclear, por la que se establece la titularidad única de las centrales y determina dos procedimientos de renovación de la explotación, uno “ordinario”, antes de cumplir los 40 años de vida útil y otro “extraordinario”, cuando se haya cumplido ese plazo, “previo acuerdo de Consejo de Ministros”, en base a criterios de seguridad e interés nacional.
Otro de los aspectos a los que el Consejo de Ministros dio “luz verde” fue, añadió la vicepresidenta primera, la convocatoria de concurso para seleccionar a los municipios candidatos a albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC), de residuos nucleares de alta actividad, que represente “una de las prioridades” del Gobierno dentro del Sexto Plan de Residuos Radiactivos.
La portavoz del Gobierno comentó que el conjunto del parque nuclear español generará durante toda vida “6.700 toneladas” de residuos radiactivos de alta actividad y que el ATC permitirá unificar los residuos y almacenarlos de forma “más segura y más económica”, del mismo modo que otros países europeos han optado por este tipo de almacenamiento “para solventar el problema de los residuos y para generar inversión y relanzar la zona”.
A juicio de Industria el Consejo de Ministros también analizó el anteproyecto de Ley sobre responsabilidad civil nuclear. Con la nueva normativa se mantendrán elementos como la responsabilidad objetiva, que recae en exclusividad sobre el “explotador de la instalación de origen del incidente nuclear”, el cual estará obligado a cubrir su responsabilidad mediante un seguro o garantía financiera, y, además, la limitación de su responsabilidad en tiempo y cuantía se amplía.
Concretamente, las indemnizaciones por responsabilidad civil que tendrán que asumir las instalaciones de alta actividad pasarán de los 150 millones a los 1.200 millones de euros, mientras que las instalaciones con riesgo reducido y de transporte podrían ser rebajadas por Industria hasta los 70 y 80 millones de euros respectivamente.
Fuente: El Ideal Gallego, 24 de Diciembre de 2009
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